RESUMEN:

El PRI es un mecanismo con diseño normativo razonable, pero cuya implementación ha sido  sistemáticamente deficiente. Ha funcionado como red de contención -evitando colapsos más tempranos- , pero no ha logrado recuperaciones estructurales sostenibles. La causa más consistente del deterioro no  es la mala gestión de las EPS por sí sola, sino la brecha estructural entre la UPC y el costo real de la  atención -brecha declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en enero de 2025-. Mientras esa  brecha persista, ningún plan de reorganización podrá resolver lo que es, en esencia, un problema de  financiamiento sistémico.